Cámara de Diputados reserva por cinco años la información sobre la selección de consejeros del INE
El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados ha tomado una decisión que ha encendido las alarmas en el ámbito político nacional. Toda la documentación relacionada con el controvertido proceso de selección de los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual concluyó el pasado mes de abril, ha sido clasificada como reservada. Esto significa que los ciudadanos no podrán acceder a estos archivos durante el próximo lustro, bloqueando cualquier intento de revisión pública.
De acuerdo con los reportes publicados por El Excélsior, la encargada de dar a conocer esta determinación fue la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La legisladora panista hizo público su voto en contra de esta medida, señalando directamente que la votación a favor de ocultar los archivos fue impulsada y concretada por funcionarios públicos con una clara afinidad política hacia el partido gobernante, Morena.
El freno a la rendición de cuentas se dio formalmente en el seno del Comité de Transparencia de San Lázaro. En ese espacio, la oposición dejó constancia de sus argumentos en contra del acuerdo, argumentando que la transparencia en el país no es un lujo, sino una herramienta fundamental para fortalecer la vida democrática, combatir las malas prácticas gubernamentales y reconstruir la mermada confianza entre los ciudadanos y sus instituciones del Estado.
Debido a la naturaleza de las sesiones, el posicionamiento de la diputada presidenta tuvo que ser presentado de manera formal ante los integrantes del Comité. Fue el secretario técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores Gutiérrez, quien dio lectura íntegra al documento enviado por López Rabadán, en el cual se especificaba el rechazo total a que se resguardara bajo llave la totalidad de la documentación generada, recibida, integrada y evaluada durante el proceso de elección del INE.
En el texto leído por Flores Gutiérrez, la parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) expuso detalladamente que abrir los datos al escrutinio público no tiene la finalidad de perjudicar a ninguna autoridad ni partido. Al contrario, defendió que la meta es asegurar que la sociedad civil supervise las acciones del gobierno, siempre respetando los límites legales existentes respecto a la privacidad, los datos sensibles de los participantes y la seguridad del Estado.
Es importante recordar que el relevo en el órgano electoral estuvo plagado de serias dudas desde sus primeras etapas. Diversos observadores especializados y organizaciones civiles criticaron duramente al Comité Técnico de Evaluación por la alarmante opacidad en los criterios que utilizaron para depurar las listas de aspirantes. Incluso, cobraron gran fuerza las versiones de que el examen de conocimientos fue filtrado, debido a las calificaciones atípicas obtenidas por perfiles afines al gobierno.
La votación que sepultó la información por cinco años fue operada por los integrantes del Comité de Transparencia de la Cámara: Aliza Klip Moshinsky, Hugo Christian Rosas de León, Ileana Hidalgo Rioja, Andrés Lozano y Adolfo Román Montero. La oposición ha criticado severamente que este grupo de funcionarios responde de manera directa a los intereses del presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila.
