Reforma a pensiones doradas: 70 mil pesos será el nuevo tope máximo
Este lunes se consolidó una de las reformas más polémicas del sexenio: el límite a las jubilaciones de la alta burocracia. Conocida como la reforma contra las “pensiones doradas”, esta medida busca alinear todos los pagos de retiro financiados con dinero público a un estándar de austeridad que no permita abusos ni desigualdades extremas.
Según refiere una publicación de El Financiero, el recorte podría alcanzar hasta el 60 por ciento del ingreso actual para algunos jubilados. Las advertencias de las asociaciones de retirados no se han hecho esperar, señalando que al menos 93 mil personas verán mermada su economía familiar debido a este nuevo tope constitucional.
El cambio legislativo, publicado el 10 de abril, modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna pensión supere el 50 por ciento de la percepción de la Presidenta de la República. En la práctica, esto fija un límite de retiro cercano a los 70 mil pesos mensuales, afectando a quienes superaban con creces esa cantidad.
Los afectados directos provienen de instituciones con esquemas de retiro robustos como Pemex y la CFE, así como de Banobras y exintegrantes de Luz y Fuerza del Centro. La reforma apunta principalmente al personal de confianza que, bajo reglamentaciones internas, había logrado asegurar pensiones que el gobierno actual califica como “privilegios”.
La obligatoriedad de la reforma alcanza a todas las disposiciones jurídicas y contratos laborales previos, exigiendo su ajuste inmediato. La medida es de amplio espectro, pues contempla que incluso las pensiones ya vigentes se ajusten al nuevo parámetro, lo que ha generado una reacción airada de los colectivos de trabajadores retirados.
Se han reportado protestas en las que los jubilados denuncian que se está afectando su patrimonio familiar de manera arbitraria. Han anunciado la presentación masiva de amparos para proteger sus ingresos originales, alegando que la ley no puede ser aplicada en perjuicio de nadie sobre situaciones jurídicas ya consolidadas.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que la reforma es un paso necesario para sanear las finanzas del país y eliminar la “aristocracia” en el servicio público. Ha enfatizado que el ajuste no es retroactivo, ya que se aplica a partir de su publicación, buscando siempre el beneficio de la mayoría sobre los beneficios particulares de unos cuantos.
