Limite en número de regidurías en la conformación de los ayuntamientos

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Con una mayoría de 343 votos a favor, la Cámara de Diputados ratificó el dictamen que reforma algunos artículos de la Constitución para optimizar el gasto gubernamental y electoral. La iniciativa establece que la riqueza generada por el ahorro administrativo deberá ser reasignada prioritariamente a fines de interés social. La minuta ha sido turnada a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para continuar con su proceso de validación jurídica.

El impacto más notable se dará en los municipios, donde el artículo 115 limita a quince regidurías la conformación de los ayuntamientos. Esta reducción de plazas políticas va de la mano con la obligación de respetar la paridad de género en todas sus dimensiones. Al reducir el costo de los cabildos, los gobiernos municipales contarán con mayores excedentes para inversión pública, bajo un esquema de implementación progresiva y ordenada.

Por su parte, el artículo 116 fija un límite porcentual al presupuesto de las legislaturas locales respecto al gasto total del estado. Esta medida garantiza que el Poder Legislativo estatal no sea una carga financiera desproporcionada, fomentando la disciplina financiera. Los ahorros estatales resultantes de este tope se integrarán a la bolsa de recursos destinados a programas sociales y obras que beneficien directamente a la población.

En el rubro de salarios, el artículo 134 pone fin a los seguros de gastos médicos mayores y seguros de vida financiados con el erario para el sector electoral. Las remuneraciones de funcionarios del INE y tribunales locales se sujetarán al límite salarial presidencial sin excepciones. No se permitirán prestaciones que no estén estrictamente señaladas en la ley, eliminando así beneficios discrecionales y bonos especiales de retiro.

La sesión en San Lázaro concluyó tras la revisión de reservas parlamentarias, las cuales fueron desechadas o retiradas por los proponentes. La Cámara de Diputados subrayó que el objetivo final de esta reforma es asegurar que cada peso ahorrado se traduzca en beneficios reales para la gente. Con este avance, se refuerzan los mecanismos de control sobre el gasto de los entes públicos y se avanza hacia una democracia más transparente y justa.