​Aplicar una visión incluyente para acortar las brechas de desigualdad, meta de los juzgadores del país

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Mérida, Yucatán, 21 de octubre de 2022 (Agencias).- Al culminar el seminario virtual para juzgar con perspectiva de género, coordinado entre los Poderes Judiciales de Zacatecas y Yucatán, la comunidad jurista de ambos estados se comprometió a aplicar una visión incluyente, libre de estereotipos y violencias, para así acortar las brechas de desigualdad.

Durante la clausura, la magistrada Patricia Gamboa Wong, quien preside la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, agradeció a juezas, jueces, magistradas, magistrados, así como personal jurisdiccional y administrativo de ambos Poderes Judiciales por continuar incorporando la perspectiva de género en el quehacer cotidiano y que ello se refleje en sus resoluciones.

Por su parte, el director de la Escuela de Formación y Especialización de Zacatecas, Raúl Carrillo del Muro recalcó que el interés del presidente del Poder Judicial de Zacatecas Arturo Nahle García y su homólogo yucateco Mario Alberto Castro Alcocer va permeando en el país, para que las instituciones de justicia se coordinen y con ello seguir dando pasos en la defensa de los derechos de las mujeres.

A lo largo de un mes de capacitación virtual, se abordaron temas como la Interseccionalidad; Conceptos básicos de los Estudios de Género; Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Atención al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN, así como talleres sobre el uso del lenguaje incluyente y no sexista- y la redacción de sentencias con perspectiva de género.

Durante la capacitación, el juez Luis Alfonso Méndez Corcuera y la jueza Enna Rossana Alcocer del Valle , especialistas de oralidad familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, al igual que el magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia Luis Felipe Esperón Villanueva, impartieron talleres en los que confirmaron que juzgar con perspectiva de género, es un mandato para el Estado Mexicano y una obligación constitucional.

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