“Huacho” Díaz Mena exige poder hacer propaganda personal a costa de los programas de bienestar

-El Delegado Federal reclama “derechos propagandísticos” usando recursos públicos

-Exige al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retire la sanción por incurrir en propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos

Ciudad de México, 26 de febrero de 2020.- En una muestra más de su ambición  política y de su poco interés en realmente servir a la ciudadanía, el delegado federal Joaquín “Huacho” Díaz Mena exige al  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)  poder hacer propaganda personal y política, aprovechando su protagonismo en la selección y entrega de las becas y ayudas que se reparten a la población, por medio de los programas federales de bienestar.

Esta exigencia busca hacer que la gente lo identifique directamente con la entrega de apoyos, como si de una gestión y logro personal se tratara, a fin de posicionarse electoralmente junto con el grupo de arribistas que llegó a Morena con él y que busca apropiarse de candidaturas, cargos y puestos con miras a las elecciones de 2021, cuando se elegirán alcaldes y diputados locales y federales.

Como se ha informado, en  Morena Yucatán existe una profunda división desde la llegada de  “Huacho” Díaz, la cual ha aumentado con la amenaza de que personajes como la senadora  expriista y ahora del Partido Verde, Verónica Camino Farjat, también arriben a Morena. Esto no es visto con agrado por los verdaderos militantes, que ven en la debilidad de su líder estatal, Mario Mex Albornoz, la causa de esta invasión de personajes oportunistas.

La exigencia propagandística de “Huacho” Díaz la comparten funcionarios federales de 24 estados. Entre los superdelegados que las promovieron destacan, además, Reyes Flores Hurtado, de Coahuila; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Hugo Eric Flores Cervantes, de Morelos; Rodrigo Abdalá Dartigues, de Puebla; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz, quienes ambicionan las gubernaturas de sus estados.

Alegando respeto a sus derechos propagandísticos, los súperdelegados de programas federales en los estados buscan que el TEPJF) les retire sanciones por promoción personalizada y les permita el libre ejercicio de recursos públicos y la divulgación de logros gubernamentales.

Como se recordara, mediante 39 impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral, los funcionarios buscan echar atrás el fallo de la Sala Regional Especializada del propio TEPJF, que determinó que los súperdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos y de la imagen del jefe del Ejecutivo.

En la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral se registraron 39 recursos de impugnación en contra de la resolución que emitió la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral, que determinó que los súperdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como el uso indebido de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mención de logros cumplidos en diversas frases.

En la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón están concentrados los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de los funcionarios federales sancionados por incurrir en violaciones al artículo 134 constitucional, que establece el uso imparcial de los recursos públicos y prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.

Ahora, los súperdelegados del gobierno federal en los estados, así como los subdelegados, los asignados como funcionarios regionales y los servidores de la nación tienen registradas sus impugnaciones para que desde la Sala Superior se resuelva no sólo que no sean sancionados, sino que puedan ejercer libremente la distribución de los recursos y la promoción de logros gubernamentales, principalmente en el contexto de los próximos procesos electorales.