El Isstey, una historia de corrupción y malas administraciones que ya toca fondo

-El saqueo brutal de las arcas del Isstey en el quinquenio de Ivonne Ortega fue el punto sin retorno para iniciar la quiebra del Instituto

-En más de  40 años no se ha modificado la Ley de las pensiones y jubilaciones de la administración estatal

-El actual gobierno estatal continúa evaluando otras alternativas para hacer frente a la inminente quiebra

Mérida, Yucatán, 1 de noviembre de 2019.- La inminente quiebra del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) es el resultado de una historia de corrupción, malas administraciones y botín político que ha llegado a su límite y está punto de tocar fondo, por lo que se requiere de una transformación y modernización en todos los sentidos, a fin de que se garanticen los derechos presentes y futuros de quienes han dado su vida en la administración estatal.

La situación por la que atraviesa el Isstey data de muchos años, pero tuvo su punto de no retorno al final de la administración de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, quien  lo utilizó como “caja chica” y se apoderó de los fondos pertenecientes a los trabajadores al no depositar las cuotas que mes a mes les descontaban. Al terminar el quinquenio de Ortega Pacheco el gobierno estatal le debía al Instituto más de 2 mil millones de pesos.

Para liquidar esa deuda, su sucesor Rolando Zapata Bello creó el Fideicomiso de la Reserva de Ucú en diciembre de 2014. Sin embargo, dicha administración, dejó un adeudo de más de 173 millones de pesos por concepto de cuotas vencidas, más intereses moratorios.

Incluso, ante la situación de falta de liquidez del Isstey y la pérdida de derechos de los trabajadores, Zapata Bello inició lo que se llamó una “privatización silenciosa” por medio de la cual empresas particulares empezaron a dar préstanos a los trabajadores estatales.

Para poder aplicar ese esquema se hizo una reforma de ese organismo en 2014, aprobada por el Congreso, y que incluyó el artículo 48 bis, mediante el cual se abrieron las puertas a los “esquemas optativos y generales de préstamos a plazo con descuento en nómina a los derechohabientes del Instituto”.

Esta reforma permitió la entrega del gran mercado de solicitantes de crédito de empleados del gobierno a empresas financieras privadas, vinculadas con funcionarios gubernamentales, ante la carencia de recursos financieros en el Isstey, producto del saqueo realizado a sus arcas por Ortega Pacheco.   

El asumir la gubernatura del Estado el 1 de octubre de 2018, Mauricio Vila Dosal comenzó una política de austeridad en todas las dependencias, comprometiéndose  a hacer un uso eficiente de los recursos, impulsar iniciativas de ley que mejoren el funcionamiento administrativo y adoptar esquemas para hacer más con menos.

En el caso del Isstey, el análisis muestra que se está ante un panorama de extrema gravedad que pone riesgo la prestación de servicios y el pago de las pensiones y jubilaciones. La situación es tan crítica que se vaticina que en el 2021 el Instituto estará en quiebra y ya no podrá cumplir con sus obligaciones.

Ante este panorama desolador, el Gobierno del Estado inició una serie de acciones para tratar de solucionar el problema, una de ellas fue enviar una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado. Esta norma en Yucatán había estado rezagada, y el mal estado de las finanzas del Isstey son en parte las consecuencias.

Las adecuaciones a la ley que se propusieron, ay estaban en práctica desde hace años en la mayoría de las entidades federativas y también fueron aplicadas a la norma federal. Es decir que la gran parte de las leyes estatales y la federal calculan las pensiones usando la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). No se trataba de una idea surgida de este gobierno, lo que se buscaba era homologar a la ley federal y de otros estados.

Esta iniciativa fue presentada al Congreso estatal el 19 de agosto de 2019;  sin embargo, se enviaría de nuevo, con actualizaciones, ya que un mes después, el 20 de septiembre de 2019, se publicó la jurisprudencia 2020651, que modifica precisamente medidas de cálculos para pensiones y se desechó.

Ante esta situación hay quienes quieren lucrar políticamente y erigirse en defensores de los derechos de los trabajadores, pero en su momento estas personas vinculadas directamente al PRI al gobierno de Ortega Pacheco no hicieron nada para frenar o denunciar el saque y robo de que fueron objetos los trabajadores del estado.

La actual administración estatal continúa evaluando otras alternativas para hacer frente a la inminente quiebra. Todos los esfuerzos son necesarios para defender las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados del Estado.

La situación del Isstey requiere más acciones. La Ley de las pensiones y jubilaciones de la administración estatal se publicó en 1976, cuando la esperanza de vida de un yucateco era de 61 años. Hoy día, un yucateco promedio vive 74 años.

En más de cuatro décadas, sólo se han realizado modificaciones de forma, nunca de fondo. Yucatán, junto con Chiapas y Nayarit, son las únicas entidades del país que no han adaptado sus sistemas de pensiones y sueldos a las nuevas realidades. Si no se toman medidas urgentes y responsables, el Isstey está en peligro de no tener para pagar las pensiones de los jubilados.