Las manifestaciones vandálicas son de grupos pagados que viajan por todo el país para violentar a la sociedad, señalan
Empresarios, sociedad y autoridades piden se haga un frente común contra la violencia de manifestantes que piden se legalice el aborto, el “matrimonio homosexual” o las drogas
Recomiendan se elabore un protocolo de paz, orden y tránsito
Ciudad de México, 1 de octubre de 2019 (Agencias).- Las protestas y manifestaciones que incluyen actos de vandalismo y violencia requieren de una respuesta firme de los gobiernos, que deben garantizar la seguridad y dejar de ser pasivos ante los delitos, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
“Se necesita trabajar en unidad, no con confrontación, a fin de garantizar tanto la libertad de expresión como el respeto a los derechos de los ciudadanos y de los comercios”, expuso.
“Cualquier expresión de violencia le resta legitimidad a los propios ciudadanos que se manifiestan”, añadió.
El líder empresarial condenó los hechos del 28 de septiembre cuando manifestantes dañaron instalaciones de la Canaco capitalina.
En Mérida, tanto las autoridades como la ciudadanía condenaron el daño que un grupo de mujeres proabortistas le hicieron al Monumento a la Madre, ubicado en el parque de la calle 60 con 59. En redes sociales los ciudadanos señalaron que las manifestaciones son legítimas, pero para hacerse escuchar no se necesita destruir.
También hay quienes señalan que las violentas manifestantes, quienes ocultan su rostro, son en su mayoría gente que viene de otros lugares y son pagadas por grupos extremistas que buscan desestabilizar a la sociedad y a la familia.
Son grupos externos que promueven el aborto por cuestiones económicas e ideológicas y viajan por diversas partes para violentar las protestas y provocar destrucción y anarquía. Lo mismo sucede con grupos que promueven el llamado matrimonio homosexual o la legalización de las drogas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió que se ponga en marcha un protocolo que mantenga el orden, la paz y el libre tránsito, aunque sin reprimir las manifestaciones; además de aplicar sanciones a aquellos que dañaron inmuebles durante las marchas.
Tras condenar los actos vandálicos durante manifestaciones en Ciudad de México y en otras zonas del país, el CCE dijo que no pueden quedar impunes los daños a comercios, propiedades privadas, públicas y monumentos históricos.
